Washington toma el control del debate sobre la IA: entre participación en el capital y fiscalidad confiscatoria

La administración Trump estudia activamente la posibilidad de tomar participaciones en el capital de las empresas más poderosas del sector de la inteligencia artificial, mientras que el senador Bernie Sanders propone una fiscalidad radical del 50 % sobre su capitalización bursátil para alimentar un fondo soberano. Estos dos enfoques, aunque políticamente opuestos, traducen una misma voluntad del Estado federal de captar una parte del jackpot generado por los gigantes tecnológicos estadounidenses.

La reflexión de la Casa Blanca sobre una entrada en el capital de los campeones de la IA se inscribe en una lógica de control estratégico sin precedentes desde las nacionalizaciones de urgencia de la crisis financiera de 2008. Esta vía, aún en estado embrionario, cuestiona las modalidades de una intervención estatal en un sector donde la capitalización acumulada de los siete «Magnificent Seven» supera los 15 000 millones de dólares. Por su parte, la propuesta del senador independiente de Vermont, arquitecto histórico de la izquierda estadounidense, representa una escalada fiscal espectacular que tendría como objetivo desviar la mitad del valor bursátil de las grandes empresas de la IA hacia un fondo soberano nacional.

El contexto macroeconómico hace que estos debates sean particularmente agudos. Las inversiones masivas en infraestructura de IA —centros de datos, chips, energía— ya han superado los 200 000 millones de dólares anuales en Estados Unidos, según las estimaciones del Bureau of Economic Analysis. Esta carrera armamentística tecnológica, liderada en primer lugar por Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Nvidia, genera rendimientos crecientes pero también concentra los riesgos sistémicos. La Reserva Federal, en su último Financial Stability Report, ha identificado además la valoración excesiva del sector tecnológico como una de las principales vulnerabilidades del sistema financiero estadounidense.

En los mercados, la reacción a estos anuncios políticos sigue siendo moderada pero reveladora. El índice Nasdaq 100, dominado por los valores tecnológicos, ha mostrado una volatilidad superior a su media en las últimas cinco sesiones, mientras que los spreads de crédito de los emisores del sector se han tensado ligeramente. Los inversores institucionales, a través de los fondos indiciales pasivos que ahora detienen más del 50 % del flotante de las grandes capitalizaciones tecnológicas, están directamente expuestos a cualquier shock regulatorio o fiscal. El BCE, en su última revisión de estabilidad financiera, ha destacado además las potenciales contagiones de una corrección brusca de las valoraciones estadounidenses en los mercados europeos, en particular a través de los flujos de capitales transatlánticos y las correlaciones de mercado.

La CNMV y el Banco de España supervisan de cerca estas evoluciones, en la medida en que los fondos de inversión alternativos europeos y los aseguradores de vida mantienen exposiciones significativas a los valores tecnológicos estadounidenses. Una fiscalidad confiscatoria del 50 %, aunque parezca políticamente improbable a corto plazo, crearía un precedente jurídico importante para la fiscalidad extraterritorial de las plusvalías, con implicaciones directas sobre los convenios fiscales bilaterales. El Banco de Francia, en sus trabajos recientes sobre la fiscalidad del digital, ya ha señalado las distorsiones de competencia inducidas por los regímenes fiscales asimétricos entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Para los inversores, estos debates estadounidenses redefinen el marco del análisis sectorial. La prima de riesgo regulatorio sobre los valores de IA debería estructurarse de forma duradera, penalizando los modelos de valoración basados en flujos de caja lejanos y una rentabilidad operativa incierta. Los sectores conexos —energía, inmobiliario de data centers, equipos de semiconductores— ya están sufriendo una reevaluación de las expectativas de demanda. A medio plazo, una intervención estatal, sea cual sea su forma, podría acelerar la fragmentación geopolítica del ecosistema de la IA, con consecuencias estructurales sobre las cadenas de valor y las localizaciones de inversiones. Las posiciones largas en las grandes capitalizaciones tecnológicas requieren ahora una cobertura activa contra el riesgo político estadounidense, hasta ahora considerado marginal.