Reforma del mercado de carbono europeo: Francia aboga por el statu quo en la aviación

Francia se mueve entre bambalinas para bloquear cualquier extensión del sistema de tributación del CO₂ en el transporte aéreo. Según documentos a los que ha tenido acceso «Le Monde», París intenta sumar el máximo número de Estados miembros a su posición de rechazo antes de la presentación, a mediados de julio, de una propuesta de reforma del mercado de carbono europeo (ETS, Emissions Trading System).

Esta ofensiva diplomática llega en un momento crítico. La Comisión Europea debe desvelar en las próximas semanas su revisión del mecanismo de intercambio de derechos de emisión, pilar de la estrategia climática del continente. El sector aéreo, actualmente beneficiario de derechos gratuitos y excluido del sistema de compensación de carbono para los vuelos internacionales, constituye uno de los asuntos más sensibles de este expediente. La posición francesa busca preservar esta ventaja competitiva frente a las compañías extraeuropeas.

El calendario de esta movilización no es casual. Las negociaciones sobre el Fit for 55, el paquete legislativo que persigue reducir un 55 % las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, ya han puesto de manifiesto las fracturas en el seno de la Unión. Los Estados del sur de Europa, fuertemente dependientes del turismo, comparten generalmente las preocupaciones francesas. Por el contrario, los países nórdicos y los Países Bajos presionan por una integración más ambiciosa de la aviación en el mercado de carbono, incluso mediante una tributación de los combustibles —hoy exentos por tratados internacionales de varias décadas de antigüedad.

En los mercados, esta resistencia francesa refleja una tensión estructural entre objetivos climáticos y competitividad económica. Las compañías aéreas europeas cotizadas —Air France-KLM, Lufthansa, IAG— han visto cómo su valoración se resentía en los últimos años por las incertidumbres regulatorias. El sector muestra una prima de riesgo regulatorio significativa, con ratios cotización/beneficio inferiores a los de los transportistas estadounidenses o del Golfo. El mantenimiento del statu quo, si París lo impusiera, supondría un alivio a corto plazo para estos emisores, pero también podría retrasar las inversiones en combustibles sostenibles (SAF), considerados esenciales para la descarbonización del sector.

Por parte de los inversores, la cuestión de la integración sectorial en el ETS europeo pesa sobre las estrategias ASG. Los fondos sostenibles, que representan ya más del 40 % de los patrimonios gestionados en Europa según los datos de la AMF, aplican exclusiones o sobrepesos sectoriales en función de las trayectorias de transición. Una regulación climática permisiva para la aviación podría, paradójicamente, perjudicar al sector al hacerlo menos elegible para los índices ASG y las carteras del artículo 8 o 9 del SFDR. El Banco de Francia y la ACPR han subrayado, por cierto, en varias ocasiones el riesgo de «greenwashing» vinculado a clasificaciones sectoriales demasiado generosas.

Las implicaciones macroeconómicas también merecen atención. El mercado de carbono europeo, cuyo precio del derecho superó los 100 €/tonelada de CO₂ en 2023 antes de estabilizarse en torno a los 70 €, constituye una señal de precio fundamental para el conjunto de la economía. Su extensión a la aviación —sector emisor de más del 3 % de las emisiones mundiales de CO₂— reforzaría mecánicamente la demanda de derechos y, de rebote, su precio. Esto afectaría a las curvas de tipos de interés reales mediante la anticipación de inflación de carbono, un fenómeno que el BCE supervisa ahora explícitamente en sus proyecciones macroeconómicas.

Para los inversores, el escenario del statu quo francés presenta un perfil de riesgo asimétrico. A corto plazo, sostendría los márgenes de las compañías aéreas y limitaría la subida de las tarifas de pasajeros. A medio plazo, expone al sector a un shock regulatorio brusco —tributación unilateral, mecanismo CORSIA reforzado, o medidas de la OMC sobre las subvenciones— en un contexto en el que Estados Unidos y China aceleran sus propias trayectorias de descarbonización. La posición francesa, defensiva en el plano comercial, podría resultar costosa en el plano financiero si retrasa la transición estructural del sector.

La decisión final corresponderá al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo, con un arbitraje previsto para el otoño. Los mercados ya integran una probabilidad significativa de compromiso: mantenimiento de los derechos gratuitos hasta 2026, luego reducción acelerada, combinada con un mecanismo de ajuste de carbono en fronteras (CAEM) extendido a las importaciones de servicios aéreos. Esta vía intermedia, costosa para los emisores pero previsible para los inversores, sigue siendo el escenario de referencia de los analistas.